El senador Ariel Rosendo evalúa si acude a la Justicia para cobrar los sueldos y módulos pendientes
El legislador del departamento Pedernera había solicitado la “regularización” del pago de haberes pero el Senado rechazó la petición. Son unos $3 millones.
Agotada la vía del Senado ahora el senador rodríguezaísta Ariel Rosendo evaluará si acude a la Justicia para cobrar sus sueldos y módulos pendientes.
El abogado que lo representa, Sebastián Scatena, aseguró en declaraciones a El Chorrillero que en los próximos días se reunirán con el legislador para definir los pasos a seguir. Tiene un plazo de 30 días desde la notificación de la resolución para hacerlo.
Esto surge porque en la sesión del martes pasado, la Cámara Alta rechazó de forma unánime el requerimiento de percibir su dieta.
En total son 10 meses los que se les adeudan a Rosendo. Si bien no se conoce la cifra exacta, extraoficialmente trascendió que representa unos $3 millones aproximadamente.
“Lo grave de esta situación es que se maneja todo de manera arbitraria y autoritaria”, sostuvo el letrado ante la decisión del cuerpo.
Scatena realizó una primera presentación hace dos meses y medio aproximadamente solicitando el pago de los haberes. Al no tener respuestas, semanas atrás recurrió a un “pronto despacho” para que resolvieran el estado de la petición.
El gobernador Rodríguez Saá y el suspendido senador Rosendo.
El abogado entiende que la fundamentación del cuerpo “está mal hecha, jurídicamente porque en la resolución no dice que no le deben abonar los módulos" y anticipó: "A raíz de eso, tengo elementos para cuestionarlo legalmente”.
“Jurídicamente se podrían haber hecho las cosas de una forma más prolija. Cuando le sacaron los fueros, tendrían que haber consignado el motivo por el cual no le iban a pagar”, sostuvo.
A Rosendo se lo acusa de “robo doblemente calificado por cometerse con efracción y en lugar poblado y banda, desobediencia a una orden de la autoridad judicial y por violación de las normas de antiepidémicas, en concurso ideal”.
Es que el 18 de mayo del 2020 acompañado de otras personas, sustrajo pertenencias de una propiedad del sindicato Smata y donde vivía su ex pareja, Ivana Massimino quien ya lo había denunciado por violencia de género.
“La presentación que hicimos se basa en los derechos humanos, en lo que por ley corresponde y por el principio de inocencia, convengamos que está encerrado por una causa de robo en su propia casa, supuestamente se llevó algo pero era de él”, manifestó.
Y agregó: “Creo que en algún momento todo va a terminar saliendo a la luz. Esto es materia sensible, porque a raíz del allanamiento de su cargo, decidieron no pagarle sin un respaldo legal. Estamos en un estado de derecho y se tiene que cumplir la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que rigen en la materia”.
Además, Scatena afirmó que la hija que Rosendo y Massimno tienen en común está actualmente bajo la tutela de familiares.
También expuso que la última vez que habló con el ex dirigente de Smata notó que estaba “confiado en que se conocerá toda la verdad y que la Justicia de algún modo le va a dar el crédito y la razón porque esta causa no tiene pie ni cabeza”.
“Las cárceles son para seguridad, pero estamos utilizando eso como amedrentamiento y lo aceptamos porque alguien de arriba lo decide así, y quien debe hacerlo es la Justicia”, criticó.
Por último, apuntó: “El caso de los módulos es una añadidura, de repente tiene una preventiva por un robo en su propia casa y como consecuencia de eso, la sociedad lo castiga, los medios hablan mal de él y no está probado”.